Silenciosamente el poder avanza sobre la Constitución Nacional y los derechos ambientales

Silencio oficial ante la falta del Defensor del Pueblo de la Nación.

 

Vencido el mandato de Anselmo Cella, en la actualidad la Defensoría del Pueblo de la Nación está acéfala. En momentos en que los intentos por judicializasr la protesta social se convierte en moneda corriente, esta realidad -que viola la Constitución Nacional- es doblemente peligrosa. La Comisión Bicameral que debe proponer al Congreso de la Nación al o los posibles candidatos, no se ha constituido y por tal no se ha reunido. Algunos comentarios periodísticos hablan de un intento de la presidencia de nombrar al ex Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Es decir poner en un organismo de control a un hombre del gobierno,  cuando la tradición fue siempre lo contrario. En estos últimos años desde la Defensoría del Pueblo surgieron una serie de pronunciamientos que decididamente se dirigían a sugerir normas en dirección a proteger el Medio ambiente, quizás la más recordada sea la del Riachuelo, pero no ha sido la única. 

Después de los resultados electorales de las elecciones de octubre último, se detuvieron las intenciones de reformar la Constitución, aunque el objetivo casi exclusivo fuera lograr la reelección de la actual presidenta. Pero la realidad es que comenzamos a vivir en un país donde violar la Constitución pase a ser moneda corriente. Poco a poco nos van dictando leyes y decretos de neto corte antipopular. Algunas de ellas son: la imposibilidad de presentar Recursos de Amparo contra el Gobierno, la Ley Antiterrorista, reforma del Código Penal sancionada por el Congreso Argentino el 13 de junio de 2007 en el marco de las recomendaciones del GAFI para evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional y modificada el 22 de diciembre de 2011. Esta norma deja abierta la posibilidad de que las huelgas y protestas sociales puedan ser calificadas como actos terroristas. Ya que deja en libertad a los jueces para que interpreten libremente las «acciones terroristas» o «actos extorsivos a las autoridades». Por la aplicación de esta ley hay más de 900 compañeros procesados. Ente otros los que enfrentaron la contaminación electromagnética en el barrio Islas Malvinas – Jujuy o a la instalación de Monsanto en Río Cuarto – Córdoba. 

En estos días se conoció la condena a cadena perpetua a tres luchadores petroleros de la provincia de Neuquén, falsamente acusados de los ser quienes causaron la muerte del policía Sayazo, declaraciones obtenidas por medio de la tortura, según reconoce el propio fiscal que pidió la pena. El sur argentino y la cordillera toda es un polvorín resistiendo a las multinacionales de la minería y ahora al inicio de la  búsqueda no convencional de petróleo y gas a través del método conocido como francking, favoreciendo abiertamente a las multinacionales. ¿Será esta condena un llamado de alerta para desalentar las luchas populares? 

No podemos dejar de mencionar la reforma al Código Civil que tiene media sanción en el Senado de la Nación, con modificaciones que avanzan sobre derechos ambientales adquiridos como cuando se quita del Código que el acceso al agua es un derecho humano, o se reducen los espacios libres –para uso social- que debe haber entre un curso de agua y las tierras pasibles de ser ocupadas, o cuando niegan a los pueblos originarios el derecho a las tierras que les pertenece en beneficio de la patria sojera. 

Para hacer más concreta aún esa realidad, de violación de las leyes en el campo ambiental, podemos mencionar algunas de nuestras realidades regionales: 

• La subestación Rigolleau se la puso en marcha utilizando la represión policial, en contra de la voluntad de los afectados y violando el consenso que exige la Ley General del Ambiente, derecho nunca puesto en discusión e incluso con una Audiencia Pública, que se realizó entre gallos y medianoche y sin que se enterasen los vecinos del Barrio San Francisco. 
• El municipio de Berazategui viola principios constitucionales y leyes ambientales nacionales y provinciales al sostener un basural a cielo abierto en el Barrio Plátanos Norte. Este mismo municipio inicia sin audiencia pública y sin estudios de impacto ambiental aprobado la construcción de una supuesta planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, pero asumiendo que se trata de una planta de separación de material inorgánico y compactación de orgánicos para enviar a la CEAMSE. 
  

  Basural en Plátanos Norte

• Hace apenas unas semanas la Procuradora General del Estado, Gils Carbó, le recomendó a la Corte Suprema de la Nación fallar contra el Recurso de Amparo interpuesto por organizaciones sociales y vecinos para impedir que Vialidad Nacional avance con el cuarto tramo, que nunca fue aceptado socialmente, de la Autopista Presidente Perón, que destruirá una parte sustancial (más de 600 hectáreas) de la Reserva de Biosfera Parque Pereyra. 
• El intendente de Quilmes sigue en una  búsqueda desespera por lograr los votos necesarios en el HCD para rezonificar (como ya lo hizo Avellaneda) la zona de la costa del Río de la Plata que contiene la Reserva Natural,  zona de humedales y de especies de flora y fauna únicos. Todo esto en contra de la opinión de los habitantes de la región. 
• Los planes de construcción de un camino vial costero en el Municipio de Berazategui, que se convertirá en una barrera para el agua que corre de oeste a este con el consabido riesgo de inundaciones, además de producir la devastación de una amplia zona de pajonales y poner en riesgo la Selva Marginal de Hudson. Obra iniciada sin consultar a la población. 

Las obras señaladas, y muchas más que se podrían recordar, tienen en común que son realizadas sin consultar a la ciudadanía, es decir violando en lo que marca la Ley Nacional del Ambiente y para favorecer a las multinacionales. 

Las Defensorías del Pueblo, son instancias constitucionales a las que permanentemente podemos acudir los ciudadanos para lograr respalden los justos reclamos. La Nacional ahora está acéfala y vaya a saber por cuanto tiempo, si el intento es poner un funcionario incondicional al Gobierno al frente de ella. 

El movimiento social debe salir a reclamar por el nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación, pero sumando la exigencia -antes que el Congreso nombre el sucesor de Anselmo Cella- de la participación popular en la designación, a través de algún sistema de consulta o Audiencia Pública. La defensa del Ambiente necesita de un Defensor del Pueblo independiente y comprometido con la realidad.

 ¡¡El futuro es hoy!!
Lo que perdamos hoy difícilmente lo podamos recuperar mañana.