Inundaciones. El Estado: entre la política clientelar y la estupidez

El 2014 comenzó con los coletazos de una ola de calor pocas veces registrada en los anales climatológicos. Esa situación llevó a miles de personas (particularmente de bajos recursos) a padecer una cadena interminables de corte de luz y agua que se mantuvo durante semanas. Las respuestas fue la falta de inversiones por parte de las multinacionales, a lo que se debería agregar la falta de control del Estado y una respuesta creíble de porque no se hicieron esa obras a lo largo de más de una década. La única medida oficial fue cambiar al presidente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Ing. Maria de Casas (que ya no ejercía su responsabilidad) por Ricardo Alejandro Martínez Leone, que ya era miembro de un Directorio que no controló la falta de inversiones, y completar el mismo con los Lic. Federico Basualdo Richards y Valeria Martofel como vocales primero y tercera respectivamente. 

La ola de calor pasó, el tema eléctrico salió de la primera plana de los diarios aunque el tema no está resuelto y siguen los cortes, y apareció otro “flagelo de la naturaleza” las grandes tormentas, que inundaron decenas de barrios del gran Buenos Aires que aún hoy padecen las consecuencias de los momentos más duros. 

A nueve meses del desastre vivido en Berisso, Ensenada y La Plata, otra tormenta que ocasionó una importante precipitación de agua nos volvió a recordar que vivimos en un país atado con alambre. Esta vez, la mayor cantidad de agua caída en poco tiempo fue en San Pedro y las consecuencias lógicamente fueron menores, por no ser esta una ciudad densamente poblada. 

Pero volvieron los muertos (muchos menos por suerte, pero vidas que se perdieron por falta de previsión), las viviendas destruidas, las perdidas materiales, casas que arrastró el agua y esa enorme sensación de indefensión en que nos atrapa estas situaciones. También volvieron las respuestas conocidas: “no se hicieron las obras prometidas”. Lo peor es que la gente repite este latiguillo. 

En abril del año pasado, ante la tragedia de La Plata, resaltamos que no se podía tolerar a los funcionarios que le echan la culpa a la naturaleza, que ellos no respetan. Funcionarios que autorizaron la construcción de barrios enteros en zonas de amortiguación de las inundaciones, “lugares bajos” que les llaman o que autorizaron a rellenar por encima de la cota de inundación para así vender esos lugares a emprendimientos privados que en muchos casos condenan a inundaciones a barrios de laburantes que habitan históricamente en esos lugares. 

La vivienda es una de las tres necesidades básicas para la vida (junto al trabajo y la salud), por eso a veces se entiende que debido al crecimiento incontrolado de las grandes ciudades los más desprotegidos terminen viviendo en la vera de arroyos pestilantes, encima de los arroyos rellenados o en los valles de inundación, también rellenos con basura. Lo que no se puede aceptar es a quienes lucran con empujarlos en esa dirección, tanto sean los gobiernos de turnos como las organizaciones territoriales que no entienden que a la larga o a la corta esos lugares, enferman y se inundarán trayendo desdicha y más pobreza. 

Vivienda digna también significa en un lugar digno. Ambiental y territorialmente apto. No sobre basurales que tapan los cursos históricos de los arroyos y sus afluentes. 

Seguimos sin reconocer que el agua corre buscando esos arroyos que ya no están porque los mandaron a entubaron o a rellenar sus cuencas o les pusieron una autopista cortándole el paso al agua que transportan. 

En abril dijimos que esta realidad tiene una cuota de política clientelar y otra cuota de enanismo mental. Esos arroyos y sus cuencas estaban para contener y desaguar hacía el Río de la Plata, u otras cuencas anteriores, cuando se producen fenómenos climatológicos especiales, que ya no es ningún secreto que producto de la desidia de la raza humana y la ambición del capitalismo se producen cada vez más seguidos. 

No se trata sólo de obras que deben indefectiblemente tener en cuenta lo que se denomina “recurrencia”, es decir que cualquier obra (hídrica o no) necesariamente debe realizarse teniendo en cuenta el mayor fenómeno climático que haya sucedido desde siempre y no los últimos 10 o 20 años (en el mejor de los casos) como se hace actualmente. 

En estas últimas décadas se han levantado autopistas, elevado terrenos para la construcción de barrios privados para que se encierren los ricos, generando desastres para los que quedan afuera, se han rellenado humedales, se han modificado el curso de los arroyos y ríos, se han tapado las cuencas de los arroyos. 

Como en aquel fatídico abril, la prensa volvió hablar sobre los arroyos y ríos que inundan los barrios. No son los arroyos los culpables. Son los que no tienen planes de urbanización, los que han hecho un verdadero desastre ambiental a lo largo de estos años, son los que aprovechan que los que menos tienen no les queda otro remedio que comprar en esos lugares inundables, degradados y contaminados. 

No es problema de obras, es un tema de urbanización planificada, creando condiciones sociales para evitar las grandes concentraciones urbanas, el hacinamiento, la inseguridad social; inseguridad de vivir sin los servicios básicos y  con una salud precarizada. Es necesario utilizar las tierras altas para las mayorías populares y no para los grandes negociados inmobiliarios, parar los desmontes y desvíos de los curso de arroyos y ríos, pensar las obras que nos permitan recuperar parte de los recorridos normales de las aguas, también en los días de lluvias torrentosas. 

Por eso seguimos y seguiremos luchando contra el desmonte de la costa del Río de la Plata, para parar obras como las de Techint en Quilmes y Avellaneda, o el camino costero en Berazategui y tantas obras similares que están programadas mirando para el otro lado de las reales necesidades de la gente y profundizando los “desastres” supuestamente producidos por la “naturaleza”. 

Lo peor que nos puede pasar es que nos acostumbremos a vivir con esta triste realidad, reclamando más cemento sin planificación, incluso debemos replantearnos la labor de las organizaciones sociales que con la mejor intención caen en el error de acompañar a los que menos tienen a organizar asentamientos en lugares degradados, lugares que los funcionarios siempre “permiten ocupar” pues no es allí donde planean hacer los grandes negocios. 

Reclamar una vivienda digna, es también reclamar un ordenamiento territorial que nos permita vivir con dignidad. 

Mientras exigimos que el Gobierno –actual gestor de las instituciones del Estado- no mire para otro lado, no bajaremos la solidaridad con los afectados por las inundaciones. Y llamamos, a todos quienes habitamos este país a levantarnos y organizarnos en cada lugar de vivienda, trabajo o estudio, a tomar cartas en este asunto, “el ambiente” nos es cosa de “ambientalistas”, cuidar el lugar donde vivimos y exigir que se respete los derechos humanos fundamentales es hoy de vida o muerte. De esto depende nuestro presente y por ende el futuro de nuestros hijos.

Todos tenemos algo por hacer, hoy es el momento.