Guardianes del pantano
Un puñado de vecinos y organizaciones ambientalistas se aferran a la misión casi imposible de detener la ampliación de la Autopista Buenos Aires-La Plata, cuya traza se proyecta sobre los humedales de Ensenada: áreas protegidas que quedaron sin protección en 2016, tras una ordenanza municipal. Los funcionarios y empresas contratistas afirman que unirá Dock Sud con el Puerto de La Plata y descongestionará el tránsito pesado. Los vecinos denuncian la pérdida de un reservorio de biodiversidad y regulación climática. Hace un mes, la Suprema Corte provincial les dio la razón y ordenó momentáneamente paralizar las obras.
La imagen se repite de vez en cuando, mucho más en la realidad que en las películas: pulmones verdes, bosques, selvas, esteros, zonas agrestes que configuran los últimos paraísos de la flora y la fauna y caen bajo la marcha incesante del «progreso». Esas postales tienen siempre su contracara: hombres y mujeres, a veces acompañados por sus hijos e hijas, dispuestos a poner el cuerpo delante de las máquinas para detenerlo.
Hace seis años sucedió en Ensenada. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) bonaerense aprobó en 2014 un estudio de impacto ambiental (EIA) de la Dirección de Vialidad nacional para extender 11 kilómetros la autopista Buenos Aires-La Plata y empalmarla con la ruta 11. Luego de que el 7 de septiembre la Suprema Corte de la provincia suspendiera las obras, el OPDS convocó días atrás a una audiencia pública no vinculante, con la potestad de desestimar las posiciones de vecinos y ambientalistas que defienden la tierra que, dicen, quedará arrasada. Un pulmón verde que hoy en día amortigua las lluvias en una zona altamente contaminada.
La obra propone que la traza de la autovía se amplíe desde la rotonda de Diagonal 74 -donde termina actualmente- hasta el Parque Martín Rodríguez, avance a través de pilotes sobre el Canal de Conclusión del barrio El Dique (Ensenada) para continuar sobre un terraplén hasta la Avenida Presidente Perón (avenida 66) en paralelo a la Avenida 122 hasta su empalme con la Ruta 11, en Berisso. El trayecto atraviesa áreas naturales protegidas, entre ellas, el parque Martín Rodríguez, el canal de Conclusión y el bañado Maldonado. Los denunciantes aseguran que afectaría seriamente los ecosistemas de la región e impactaría negativamente en los barrios de Villa Catela y El Dique de Ensenada, y Villa Arguello, Villa El Carmen y El Progreso de Berisso. Desde Vialidad argumentan que la obra traerá la descongestión del tránsito pesado en la avenida 122, la disminución de los niveles de contaminación y los accidentes de tránsito, y la generación de 200 puestos de trabajo, entre otros beneficios.
La audiencia pública fue virtual y se prolongó tres días -21, 23 y 24 de septiembre- con 134 oradores, la mayoría de ellos funcionarios municipales y provinciales, y empresarios afines al proyecto. El intendente de Ensenada, Mario Secco, casi nunca se apartó del Zoom durante los tres días. Pidió la palabra cinco veces: “este es un proyecto extraordinario, revolucionario, una obra que desean los ensenadenses. Hay un planteo de ecologistas, pero debemos entender que hay otras necesidades. Está bien que discutamos un árbol más, un árbol menos, pero yo quiero pedir que ningún ciudadano de Ensenada más muera por accidentes que se pueden evitar”, dijo una de las veces. Subrayó la importancia del enlace con el Puerto. El cierre de la segunda jornada quedó a cargo de la diputada provincial Susana González, en uno de las pocas ausencias del intendente. González acusó a los vecinos y ambientalistas de tener posiciones “radicalizadas y apocalípticas”. Perycia intentó comunicarse con Mario Secco. Ni el intendente ni su asesor de prensa respondieron al pedido de entrevista.
El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, destacó que la obra posibilitará la creación de 300 0 400 puestos de trabajo -aunque el proyecto dice 200- y sostuvo que la obra es “ampliamente empujada por las comunidades y sus intendentes”. También hablaron los directores de Esuco Helport, Carlos Montenegro y María Elisa Knop, la empresa encargada de la ejecución de la obra, y el administrador de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta.
Entre la lista de oradores, también hubo vecinos y miembros de organizaciones ambientalistas, pero sus advertencias pueden pasarse por alto por la condición de la audiencia. Silvana Sosa, abogada especialista en Derecho Ambiental, sostiene que priorizan el factor económico por sobre las consecuencias que traerá el proyecto. “La autopista partirá ignominiosamente a la mitad con un terraplén uno de los humedales que más agua logró contener tras la inundación de abril de 2013, como es el bañado Maldonado. Esta obra prevista sobre terraplenes invita a preocuparse seriamente respecto de futuros eventos climáticos extremos, no contemplados en el estudio de impacto ambiental”, sostiene.
Mientras se discute la sanción de la Ley de Humedales, espacios que actúan como escudo protector de la biodiversidad ecosistémica, a menudo amenazada por proyectos inmobiliarios y urbanísticos, los vecinos plantearon antes los jueces de la Corte provincial las falencias del proyecto hidráulico, que no contempla eventos climáticos extremos. “La orientación de la autopista es perpendicular al sentido de escurrimiento de las aguas que descienden de la ciudad de La Plata hacia el río, se debería considerar por un lado lo ocurrido en 2013 y por otro lado las tendencias de cambio climático. Según un informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la inundación de 2013 llovieron unos 300 milímetros en tres horas. En el proyecto hidráulico de la autopista se consideran tormentas máximas de 25 milímetros en 3 horas para recurrencias de 100 años”, sostiene Javier Magnani, integrante de la asamblea Salvemos el Monte de Berisso.
Natalia Penda, que forma parte de la agrupación Asamblea Vecinos Contaminados Berisso-Ensenada-La Plata, dijo haber hablado “en representación de 197 mil personas que se verán afectadas por esta obra, que no pueden hablar, desconocen la existencia de esta audiencia y muchos no tienen ni agua potable. Está en juego la integridad y seguridad de flora, fauna y sujetos. No se tiene en cuenta escuelas, unidades sanitarias, clubes y espacios vecinales que se verán afectados por esta obra. Estoy a favor del progreso pero desde la base de la justicia social y ambiental», dijo. «Somos nosotros los que ponemos el cuerpo en estas zonas de sacrificio”.
La alternativa que los vecinos proponen es cambiar la construcción propuesta por el transporte ferroviario y/o fluvial. Sostienen que sería más económico, eficiente y sustentable desde lo ambiental, que representaría fuentes de trabajo permanente asociándose con el Astillero Río Santiago, y que disminuiría los niveles de contaminación de los camiones.
Vía libre
En diciembre de 2016, el municipio de Ensenada dictó dos nuevas ordenanzas que allanaron el camino para la concreción del proyecto. La 4234/16 derogó la 1829/95, y dejó sin protección a las áreas naturales comprendidas en la costa del Río de La Plata y sus canales, el Parque Martín Rodríguez y la Selva Marginal del distrito de Ensenada. La ordenanza se fundamentó en razones de “inaplicabilidad” de la preexistente, que disponía la creación de la Secretaría de Conservación y Preservación del Medio Ambiente, espacio que nunca se creó. La ordenanza 4237/16, por otra parte, autorizó a Vialidad Nacional a avanzar con la propuesta de trazado.
El parque Martín Rodríguez es un pulmón verde en medio de un polvorín, en el que diariamente conviven las emanaciones tóxicas de YPF, la refinería de petróleo más importante del país, las industrias adyacentes al polo petroquímico, los movimientos y los ruidos. Fue creado por ley provincial en 1943, en tierras conocidas como “los bañados de Ensenada” con varias especies arbóreas para aumentar el nivel del suelo en un área de 202 hectáreas. Cumple una función ambiental de equilibrio, en una región densamente industrializada que sufre los efectos de la contaminación medioambiental.
Un ranking ambiental de 2013 señala a Berisso y Ensenada como las ciudades más contaminadas del país. El estudio fue realizado por el Centro de Investigaciones Geográficas de la UNICEN y ubicó a Ensenada en el 5to lugar y a Berisso en el décimo quinto, entre un total de 511 municipios. Los autores, Guillermo Velázquez y Juan Pablo Celemín, tuvieron en cuenta como variantes los niveles de contaminación, ruidos, inundabilidad y basurales y la oferta de recursos recreativos de base natural.
El parque Martin Rodríguez genera un equilibrio ecosistémico, explica a Perycia Leda Giannuzzi, doctora en Ciencias Químicas e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Por un lado actúa como barrera biológica del polo petroquímico de la zona habida cuenta de la contaminación del aire reportado por los estudios del Centro de Investigación del Medio Ambiente (gases, CO, NO, SO2, MP, metales). Permite la absorción de gases y micro-partículas de material contaminante que despiden las emanaciones tóxicas de las plantas del polo industrial. También cumple una función amortiguadora; frente a episodios de inundaciones los árboles absorben el agua y la drenan. Regulan las precipitaciones y forman parte del ciclo del agua. Los suelos forestales son capaces de absorber cuatro veces más agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos”, explica. Pero el parque, además, es espacio de recreación para los vecinos: “el único que tenemos y donde se ven siempre niños jugando a la pelota, familias descansando. Es patrimonio para las familias de El Dique”, agrega Giannuzzi.
Javier Magnani, de la asamblea Salvemos al Monte de Berisso, insiste en que tampoco se tuvieron en cuenta externalidades como el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero que traería una mayor circulación de transporte pesado o de carga en la región. “Nosotros hemos presentado propuestas para que se reactive el ramal ferroviario y se considere el transporte fluvial. Si uno de los argumentos es que tienen que unir el Puerto de La Plata con Dock Sud y con el de Zárate, esos puertos están conectados por medios fluviales”, agrega.
La batalla en la Justicia
El 7 de septiembre pasado, la Corte Suprema de la Justicia bonaerense suspendió provisoriamente la vigencia de la ordenanza 4234/16. La demanda colectiva al municipio de Ensenada fue presentada en 2017 por cien vecinos, que solicitaron la suspensión cautelar de la obra hasta tanto el litigio se resuelva en forma definitiva. Así lograron que el parque Martín Rodríguez y las demás áreas vuelven a estar protegidas. Los jueces de la Suprema Corte fundaron la decisión en que “la ordenanza adoptada vulnera el principio de sustentabilidad y de protección de las futuras generaciones, pues la eliminación de la protección del Parque impactará en forma inexorable y definitiva sobre en el ambiente de la región y en la salud de sus habitantes. Máxime teniendo en cuenta que la zona cuenta con una gran densidad industrial, principalmente la refinería de YPF, que emite desechos contaminantes en forma continua”.
Al mismo tiempo, la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) lleva adelante otra demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema bonaerense, pidiendo que la ordenanza que dejó desprotegido al parque sea declarada inconstitucional.
Giannuzzi explica que además del parque, también se verán afectados la selva, los canales, el humedal Maldonado. La orientación de la autopista es perpendicular al corrimiento y bajada de las aguas, desde la ciudad hacia el río de la Plata. Los estudios hidráulicos incluidos en el documento presenten metodologías de cálculo y verificación que no han sido actualizadas en los últimos 60 años. El informe menciona recurrencias de eventos de lluvias extremadamente bajas. «Es criminal que no se presenten simulaciones de eventos extremos, con, como mínimo, manchas de profundidad de inundación o mapas de peligrosidad. El Estudio de Impacto Ambiental no realizó estudios de calidad de suelos y aguas. En ningún país desarrollado se permitiría una obra transversal en terraplén sobre un bañado o humedal», señala.
Nulidad
Desde la Asamblea Salvemos el Monte de Berisso, exigen la nulidad de la audiencia pública celebrada días atrás. “Dicha audiencia debe ser declarada NULA, ya que debió realizarse dentro del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental y no después de aprobada la obra. Ello es contrario a lo que prevén la Ley Nacional Nº 25.675 (General del Ambiente), la Ley provincial Nº 11.723 (Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) y la Ley Nº 13.569 de Audiencia Pública. También la objetamos por no respetar los 30 días de plazo para que estén a nuestra disposición todos los elementos de juicio e información necesarios, ya que el Estudio de Impacto Ambiental se publicó el día 2 de septiembre de 2020. Tampoco tuvimos acceso a los dictámenes de los Organismos Técnicos, en particular de la Dirección de Hidráulica y de la Autoridad del Agua”, señala el documento. Los vecinos se quedaron con la sensación de que la audiencia fue manipulada. La mayoría de los expositores eran funcionarios y empresarios ligados al proyecto. Ellos siguen levantando la voz, advirtiendo el peligro que se cierne sobre el bosque y la vida que cobijan. Podrá ser una quimera, reconocen por lo bajo. Pero están acostumbrados, acostumbradas, a poner el cuerpo.
Una publicación de Perycia – Periodismo y Justicia
https://www.perycia.com/2020/10/los-guardianes-del-pantano.html
Por Soledad Iparraguirre
Fotos: Nico Freda
5/10/2020
