El Silencio del poder
La inexplicable desaparición forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería Nacional ha desplazado, con toda justicia, a un segundo plano informativo el permanente reclamo de los habitantes de la Patagonia y toda la zona cordillerana, contra las represas Kirchner y Cepernic o la minería a cielo abierto, o el avance del fracking, incluso el éxito obtenido por el pueblo rionegrino contra la Usina Nuclear. Lo mismo sucede con la expansión de la frontera agropecuaria y la utilización de agrotóxicos.
En nuestra región, por su parte, los partidos políticos mayoritarios se siguen ocupando del objetivo, que les quita el sueño hasta octubre, de como conseguir votos y esto produce un combo donde nadie acompaña a los barrios que se inundan (cada vez son más) ante cualquier lluvia por mínima que sea, porque el agua no tiene hacia donde correr y cada vez es menor la absorción de la tierra porque la napa freática está cada vez más cerca. La última tormenta es un ejemplo claro de lo que estamos diciendo.
También siguen siendo peleas solitarias la de los vecinos que reclaman por el agua que circula por el sistema municipal de aprovisionamiento. La desesperación de la gente ante el silencio oficial los lleva a no reclamar que en los barrios se sigue tomando agua no segura, o por exceso de cloro o por falta de cloro o directamente porque simplemente con abrir la canilla es suficiente para probar (por el color y sabor) que ese agua es intomable.
Otro tanto podemos decir por los basurales a cielo abierto, los nuevos, los cerrados por la justicia o los que aparecen en varios lugares de la región. Sigue siendo un problema sin resolución que afecta la salud de cientos de personas que han dejado de reclamar –en forma organizada- una política integral de tratamiento de los RSU, porque la respuesta no existe.
Una constante en todos estos casos es la soberbia gubernamental que no resuelve los problemas sino que incluso no escucha los reclamos o pone su energía en buscar en el fondo de las bibliotecas todo tipo de chicanas judiciales para sostener, por ejemplo, el desastre que están produciendo en el Bosque ribereño de Hudson, obviamente en defensa de los intereses de las empresas que construyen Pueblos del Plata, ex Puerto Trinidad ó Logoon Hudson.
Paradójicamente en nuestro país, hace unas semanas, se realizó la séptima reunión del Comité de Negociación que dice intentar buscar un instrumento legal para aplicar en temas vinculados al acceso a la información y a la participación pública en materia ambiental. Derechos que están incluidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río + 20.
Argentina es uno de los 24 países firmantes de este acuerdo que “reconoce que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Para ello toda persona deberá tener acceso adecuado a la información así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos”.
Esa falta de información se produce en todos los niveles. El Ministro Bergman nunca contestó el mail del Foro sobre el bosque ribereño, con los datos por él solicitados después de haberse sentido agredido cuando vino hacer campaña electoral en junio pasado en la UAI.
Una vez más se demuestra como cae en saco roto las posiciones de las Naciones Unidas, que desde hace unos años ha hecho más evidente la relación que hay para la ONU entre los derechos humanos y el cambio climático. Este vínculo fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos, no sólo por los asuntos relacionados con los efectos del cambio climático sino también por la importancia de garantizar el acceso a la justicia climática”.
La Séptima Reunión del Comité de Negociación realizada del 31 de julio al 4 de agosto de 2017 en Buenos Aires y que tenía el objetivo de continuar la negociación del Principio 10 del Acuerdo de Río se perdió en una nebulosa que lo único que logra es perder tiempo, o lo que es peor ganar tiempo para los gobiernos que no desean bajo ningún punto de vista instalar en sus países un real acceso a la información ambiental.
