A cinco años de aprobada la Ley de Bosques. Con las leyes no alcanza
Selva Marginal de Hudson
Con ley o sin ley todo depende de la acción y movilización popular, también durante los llamados gobiernos democráticos.
Denominados así porque son elegidos por el voto mayoritario de la población, aunque no todas sus acciones son de carácter popular o en defensa de los intereses populares y menos aún son gobiernos participativos.
Muestras al canto. En un documento de las entidades Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre se informa que más de 1.100.000 hectáreas forestadas se destruyeron desde que se sancionó la Ley de Bosques, en 2007, y “lo más grave es que la mayor parte de la pérdida se produjo en las zonas amarilla y roja, donde está prohibido deforestar”, subrayan. Estas organizaciones critican, entre otras cosas, los desmontes en zonas prohibidas, donde “retiran todo el sotobosque y dejan unos pocos árboles, como si fuera una plaza”; esto sucedería sobre todo en “Santiago del Estero, Salta, Chaco y Córdoba”. Y como demostración de que el incumplimiento de la ley es una decisión política, y no una mera circunstancia, la denuncia la rematan con el anuncio de “la falta de financiación para hacer cumplir la ley: en 2013 el presupuesto es diez veces menos que el que la ley ordena”.
Según el informe mencionado, “hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas, lo cual promedia 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día y 26 hectáreas por hora”. Y “lamentablemente, no existe información oficial para discriminar qué proporción de esos desmontes fue realizada con autorizaciones de las administraciones provinciales y cuál fue hecha en forma ilegal”, afirman los autores del estudio.
Habría que agregar al informe, que si bien algunas provincias han tomado algún tipo de medidas para aplicar la ley, otras -como la provincia de Buenos Aires- ni siquiera han reglamentado la misma. Los espacios verdes del territorio bonaerense sigue siendo tierra de nadie o mejor dicha tierra libre para la voracidad de los grandes negociados u obras de carácter clientelar. Tal es el caso de toda la costa del Río de la Plata, la que está amenazada por varios emprendimientos inmobiliarios. Algunos de ellos detenidos, provisoriamente, por la Justicia.
Es el caso de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que con la firma de los Dres. Julio Reboredo y Leopoldo Schiffrin, ordenó suspender el negocio inmobiliario de Techint “Nueva costa del Plata”, haciendo lugar a una medida cautelar impulsada por la Asamblea «No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda». La medida significa un primer paso para lograr detener la destrucción de la Reserva Natural de Bernal y sus humedales, por lo que batallamos desde hace cinco años vecinos y varias organizaciones sociales y ambientales de la región.
Y volvemos a lo que decíamos antes, la ley es letra muerta si no es impulsada con la movilización y participación social, tanto en el reclamo de su dictado como de su aplicación.
Tomemos el ejemplo las declaraciones del intendente de Berazategui, que hace apenas unas semanas dijo que está esperando que terminen la planta de pretratamiento de líquidos cloacales (obra absolutamente insuficiente que no resuelve el tratamientos de los contaminantes que por las cloacas se arrojan al río) para avanzar con el proyecto que tienen para la costa de este municipio que pondrá en riesgo todos los espacios verdes, las zonas de humedales, lo que significará la destrucción de cientos de árboles y la desaparición de innumerables especies de pájaros que anidan en estos lugares. Es necesario recordar que estas obras ya comenzaron con la elevación del terreno a la altura de Hudson, con la construcción de un murallón de 6 metros de alto y el trazado de lo que sería el camino costero -que estará elevado en relación al actual nivel- convirtiéndose en un impedimento para el movimiento normal del río y su relación con las zonas de humedales.
Este emprendimiento es posible por la falta de Ordenamiento Territorial de los Bosque Nativos de la provincia de Buenos Aires, que el gobierno de Scioli no instrumenta a pesar de que en octubre de 2011 el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) convocó a un Taller Participativo donde mayoritariamente se reclamó tal ordenamiento y la protección de todos los espacios verdes costeros del sur del Gran Buenos Aires.
En definitiva, el bosque ribereño Quilmes-Avellaneda, la Selva Marginal de Hudson, la Reserva de Punta Lara, el Delta del Paraná como todos los espacios verdes costeros tiene un gran valor para la conservación de los recursos naturales, al convertirse en el límite austral de dispersión de varias especies y es hábitat de animales y plantas poco frecuentes en la región.
Por otro lado, es sabido, que la Organización Mundial de la Salud fija como óptimo 15 m2 de espacios verdes por habitante y como mínimo 10 m2 y en la actualidad en la mayoría de las localidades ribereñas esos espacios son muchos menores, y casi nulos si se pierden los existentes en la costa de los ríos. Como ejemplo vale mencionar que la localidad de Avellaneda estos espacios verdes se reducen a 0,40 m2 por habitante y en la localidad de Quilmes a 0,50 m2, mientras que en Berazategui aumentan a casi un 10% porque se tiene en cuenta la existencia del Parque Pereyra Iraola, reserva de Biosfera de la UNESCO, que está en serio peligro por el trasnochado proyecto de hacer pasar por su corazón la autopista Presidente Perón, proyecto con el que Vialidad Nacional insiste y que han apelado ante la Corte Suprema para concretar su realización.
Tal cual señala el informe mencionado, Los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son hogar y sustento de comunidades indígenas y campesinas; y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
Actualmente Argentina cuenta con cerca de 30 millones de hectáreas de bosque nativo, lo que equivale sólo al 30% de la superficie forestal original. Claramente, nuestro país se encuentra en una verdadera emergencia forestal, acentuada fuertemente en los últimos 15 años por la expansión descontrolada de la actividad agropecuaria.
A pesar de que después de una larga lucha se logró un avance con la ley de protección de los bosques nativos, importante aunque insuficiente, -porque no protege todos los espacios verdes-, como es el caso del Parque Pereyra, queda demostrado que vital que la movilización popular la haga respetar y amplíe sus alcances. El futuro está en nuestras manos. Impulsemos una movilización más activa en defensa de nuestros recursos naturales.
